Pionera en Europa, la reciente ley aprobada en el Parlamento catalán fija las normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones y clubs de personas consumidoras, a la vez que define el cultivo por primera vez en el actual marco legislativo español permitiendo una producción de 150 kilos de marihuana al año para cada club cannábico.

El cannabis ha ganado un nuevo periplo legislativo. El Parlamento de Cataluña ha aprobado con 118 votos a favor la ley de asociaciones de personas consumidoras de cannabis. Tras más de dos años desde que su proposición fuera admitida a trámite como iniciativa legislativa popular (ILP), esta norma reguladora de la marihuana en Cataluña salía adelante con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Catalunya Sí que es Pot (CSQP) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Un logro para los amantes del cannabis que permite, por primera vez en España, conocer todas las pautas necesarias para que un cultivo de marihuana no sea intervenido por la policía.

Ahondando en su contenido, la nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña, se basa en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Como se recoge en su exposición de motivos, “el consumo de cannabis por parte de personas adultas, en el ámbito privado, por motivos lúdicos o terapéuticos, es el ejercicio del derecho fundamental a la libertad que se proyecta en libertad de conciencia y a la libre disposición del propio cuerpo, así como del derecho a la salud y de las personas a las terapias y tratamientos que libremente escojan”.

Partiendo de estas premisas, la norma, a través de sus 36 artículos agrupados en nueve capítulos, tiene como objetivo principal establecer el modelo de actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis y las normas generales para su constitución, organización y funcionamiento y las de sus clubes. Para ello, por ejemplo, define las características de los miembros, las cantidades que pueden consumir y la forma en que lo pueden hacer.

¿Quiénes pueden adquirir y consumir cannabis en Cataluña? 

Como menciona el mismo nombre de la ley, esta regulación está destinada a las asociaciones de personas consumidoras de cannabis. De este modo, sus socios serán quienes puedan disfrutarla. Para ello se estipulan tres requisitos: ser mayor de edad, ser consumidor de cannabis y tener el aval de otro socio para formar parte de la asociación o el club.

Sin embargo, para evitar el turismo cannábico (uno de los mayores riesgos que apuntan quienes rechazan este tipo de legislaciones), la normativa estipula un mínimo de 15 días desde que el socio solicita el ingreso en el club y hasta el momento en que puede adquirir cannabis en sus dependencias.

Además, la ley también recoge las premisas que tendrán que cumplir las agrupaciones para beneficiarse de la regulación. En este caso, deberán contar con su domicilio o desarrollar sus actividades en esta comunidad autónoma, a la vez que será obligatorio que estén inscritas previamente en la sección específica del Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña, donde se especifique claramente su actividad cannábica.

¿Qué cantidades de cannabis se permiten?

Para su correcto funcionamiento, la normativa también recoge que las asociaciones deberán contar con socios fundadores responsables de la dispensación. Estos serán los encargados de garantizar el control de la cantidad y las propiedades del cannabis, así como proporcionar al resto de asociados la información necesaria sobre el consumo y la prevención de los riesgos y reducción de daños asociados al mercado clandestino.

En este sentido, se establecen unas cantidades de abastecimiento para cada tipo de socio. Por ejemplo, los mayores de 21 años podrán adquirir hasta 60 gramos mensuales, mientras que los que tienen entre 18 y 21 años no podrán retirar más de 20 gramos al mes. Esto se controlará a través de un libro de registro donde quedarán contabilizadas las cantidades adquiridas y las fechas correspondientes.

Ahora bien, estos límites desaparecen si el consumo se realiza con fines terapéuticos. Aunque, en estos casos, será obligatorio que las asociaciones que ofrezcan servicios medicinales o terapéuticos para sus socios cuenten con profesionales de la medicina debidamente titulados para llevar a cabo un seguimiento de los pacientes.

¿Dónde se puede consumir marihuana?

En este sentido, la ley catalana se centra en los clubes de consumidores y de fumadores de cannabis como lugares de carácter privado. Por lo tanto, en sus dependencias estarán permitidos tanto la dispensación como el consumo para los socios.

Aun así, se establecen algunas normas, como que los espacios destinados a la atención al público o a los que puedan acceder otras personas que no sean socias deberán estar separados por completo de los destinados al consumo o distribución. Además se prohíbe el consumo de alcohol y de productos alimentarios que contengan cannabis en estas asociaciones.

¿Quién controla el cultivo y el transporte?

Las asociaciones son las únicas autorizadas para cultivar marihuana en Cataluña. Para sus plantaciones, será necesario que estas agrupaciones consigan un informe pericial previo que garantice las medidas oportunas de control higiénico y sanitario. 

También la ley regula la producción, que no deberá de superar los 150 kilos de cannabis en seco al año. Se calcula que esta cantidad es la idónea para abastecer a un club de entre 500 y 1000 socios, al tener cada uno un consumo máximo de 60 gramos mensuales y que se reduce a 20 gramos en el caso de los socios con edades comprendidas entre 18 y 21 años.

Una vez realizado el control de la cosecha y cuantificado el volumen final de la producción, se emitirá una autorización escrita para el transporte desde el cultivo hasta el local provisto para la distribución controlada. La normativa recoge que estos desplazamientos, en ningún caso, se realizarán en un medio de transporte colectivo. Además, deberán estar perfectamente empaquetados e identificados con los datos de la asociación y del transportista, el destino del transporte y la cantidad y tipo de producto que guarda en su interior.

La lucha de las asociaciones de consumidores

Esta nueva ley es fruto del esfuerzo de las agrupaciones procannábicas por conseguir una regulación justa en Cataluña. Los últimos movimientos parlamentarios a favor de la planta comenzaron en 2014, cuando el Parlament aprobó una resolución por la que instaba a sus diputados a diseñar una normativa para estos clubes en el plazo de seis meses. Sin embargo, ante el inmovilismo y la falta de consenso entre los grupos, la organización La Rosa Verda llevó a cabo una recogida de firmas que les facultó para presentar la ILP. En total, reunieron más de 56.000, que se llevaron junto con la entonces proposición de ley en abril de 2015.

Desde entonces, la hoy normativa ha pasado por diversas negociaciones en las que han intervenido más de 30 expertos, entre los que se encontraban médicos, psicólogos, sociólogos, farmacólogos o exmagistrados.

Desde el Parlamento han sido muchas las voces que han celebrado la nueva normativa. Tras su aprobación, la diputada de JxSí Alba Vergés aseguró sentirse “orgullosa” de la ley, que considera “completa”. También el representante de Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante Fachin, elogió la nueva normativa que, según sus palabras, “nace desde abajo como las plantas de marihuana”, al ser fruto de la iniciativa popular.

Aun así, la nueva medida no está exenta de controversia. La negativa de apoyo del Partido Popular de Cataluña ha alertado a sus impulsores ante la posible intención de llevarla ante el Tribunal Constitucional como ya ocurrió en 2016 con su homónima en el País Vasco, actualmente suspendida por este organismo argumentando un conflicto de competencias. Sin embargo, sus promotores dicen sentirse tranquilos porque, según uno de sus portavoces, Oriol Casals, recurrir la ley sería un “error histórico” por “encajar dentro de la Constitución y del Estatut”.

Sea cual sea su futuro, la nueva normativa catalana responde a una demanda social a favor del cannabis que incluso podría servir para avalar todas las reformas legislativas necesarias para incluir el libre consumo de marihuana.