Países que han dado el paso hacia la legalización del cannabis se han topado con obstáculos y trabas que hacen de la libertad de consumo una quimera. Uruguay, al frente de la normalización del cannabis para usos recreativos, se está enfrentando al sector bancario, que por miedo a represalias en otros países no quiere involucrarse con las farmacias que venden marihuana y amenaza con cerrar sus cuentas corrientes. Por otro lado, Australia, donde se había legalizado el uso medicinal, se encuentra ante una maraña burocrática que está haciendo muy difícil que tanto pacientes como médicos tengan acceso a ella.
La legalización del cannabis está siendo un camino duro. Los países pioneros se están encontrando con problemas después de conseguir lo más difícil: cambiar la ley. El caso de Uruguay se escapa de su soberanía nacional, puesto que tiene que ver con la legislación de otras naciones y el temor a sanciones internacionales, algo con lo que el Gobierno no contaba y que tiene que solucionar si no quiere perder toda la inversión y progreso conseguido. Los australianos, mientras tanto, tienen que enfrentarse a la burocracia para obtener la marihuana medicinal.
El sistema bancario de Uruguay, en guerra contra el cannabis
Desde el 19 de julio varias farmacias de Uruguay pueden comercializar marihuana para usos terapéuticos o recreativos. La medida obtuvo un éxito absoluto, con unos 12.000 compradores registrados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y los ‘stocks’ agotándose rápidamente en las farmacias de todo el país. Los dueños de las boticas estaban encantados con un sistema que les permitía vender unos dos kilos de marihuana al día, que duraban apenas cuatro horas en el depósito antes de colgar el cartel de agotado.
Pero un mes después de que la ley haya entrado en vigor han comenzado los quebraderos de cabeza. El Banco Santander fue el primero en avisar a los farmacéuticos de que si vendían marihuana cerrarían sus cuentas, alegando que, al ser un banco global con clientes en distintos países, deben cumplir con todas las normas locales y no incluir dinero que provenga del negocio de una sustancia prohibida en otros lugares.
Esta amenaza ha hecho saltar las alarmas entre los farmacéuticos con licencia para vender marihuana, y algunos han manifestado su intención de alejarse del negocio. Sin acceso a cuentas y transacciones bancarias no pueden pagar la nómina de sus empleados o hacer operaciones financieras. Esta decisión de los bancos, fundamentada en cumplir sobre todo con la normativa estadounidense, ha pillado por sorpresa a las autoridades uruguayas.
El conflicto bancario proviene de fuera de las fronteras y ha puesto a las instituciones del país a trabajar sin descanso en busca de una solución, porque esta situación no solo afecta a las farmacias y consumidores, sino que supondría un gran golpe para la economía nacional, debido a una posible fuga de depósitos sin precedentes. Las consecuencias para el sector bancario uruguayo pueden ser nefastas debido a la fuerte inversión que se ha hecho en el país con la apertura legal a la venta de cannabis.
La solución más evidente pasa por los Estados Unidos, si consiguen aprobar una ley que reclaman muchos activistas y que habilitaría a los bancos a aceptar transacciones bancarias de personas y empresas que muevan dinero relacionado con el cannabis. Pero se trata de un problema que el Gobierno uruguayo debe solucionar a corto plazo, o al menos subsanar hasta que esta ley llegue.
Gobierno elabora plan para aislar a farmacias del sistema bancario
Una de las propuestas era no explicar a los bancos el origen de tal dinero y que estos ayudasen a los comerciantes. “De un día para otro [...] las farmacias que venden marihuana comenzarían a incursionar en negocios como la hostelería, emprendimiento inmobiliario y venta de jugadores de fútbol”, explicaba un funcionario del Ejecutivo.
Otra de las opciones que se barajaban era instalar una hucha en un rincón de la farmacia para los pagos relacionados con la marihuana. Sin embargo, la solución más plausible hasta el momento será elaborar un plan oficial para aislar a estas farmacias del sistema financiero, creando una figura jurídica específica para este negocio.
El problema es crear unas estructuras que no tengan ninguna relación con la banca y que los bancos las acepten sin poner trabas. Es posible que estas alternativas lleven a las farmacias al mismo problema y que los bancos se nieguen a gestionar sus cuentas si mantienen sistemas de cobro independientes.
Australia, los trámites burocráticos y la vuelta al mercado negro
La reciente legalización del cannabis para uso medicinal en el continente austral ha dejado tras de sí una montaña de trámites burocráticos y confusiones entre médicos, abogados y pacientes. Esta maraña legal está empujando a muchos pacientes y familiares al mercado negro. Los propios médicos se han visto obligados a recomendar a sus pacientes que consigan marihuana por otras vías debido a las dificultades burocráticas a las que se enfrentan para obtener las recetas y el producto a través de la Administración de Bienes Terapeúticos (TGA), su equivalente a la Seguridad Social.
Los médicos australianos están totalmente desinformados sobre el tema y no disponen de ninguna guía ni receta para tratar estos casos. Si el médico considera oportuno solicitar un tratamiento cannábico para su paciente debe entregar una serie de expedientes que incluyan literatura médica publicada sobre el caso y varios informes de especialistas. Algunas de las pruebas que requieren los reguladores estatales y federales ni siquiera existen.
Los médicos se ven desbordados ante las exigencias del Gobierno en una materia de la que apenas hay evidencias, porque lleva 90 años prohibida en Australia. El doctor Tony Bartone, vicepresidente de la Asociación Australiana de Médicos (AMA), cuenta que necesitan de información y referencias que no tienen para preparar los tratamientos e indicar las concentraciones adecuadas. Culpa de la situación actual a “la falta de voluntad política” para llevar a cabo y completar las investigaciones clínicas y directrices reglamentarias que son habituales con cualquier otro fármaco.
Steve Peek, un padre de Brisbane cuya hija sufre ataques de epilepsia severos, no ha podido acceder al aceite cannábico que supuestamente entra dentro de los fármacos legalizados. A Peek no le ha quedado más remedio que acudir al mercado negro para obtener el único producto que alivia los ataques repentinos de su hija. “Dicen que se ha legalizado, pero no es así, no puedes conseguirlo hagas lo que hagas. He perdido la fe en el sistema político, he perdido la fe en el Gobierno, he perdido la fe en el sistema médico y es devastador”, sentencia el padre australiano.
Los primeros pasos de la legalización del cannabis están siendo tortuosos, pero también están señalando el camino a las instituciones. O ponen de su parte y asumen la venta legal del cannabis como un compromiso político o esta pulsión social quedará como un proceso atascado y meramente cosmético. Y testimonios como los de Peek deben recordarnos que el tema es serio y que muchas personas sufren la incomprensión y estigmatización desde entidades públicas que deberían estar velando por su salud y calidad de vida.