A nadie se le escapaba que las repercusiones de la legalización de la marihuana en Uruguay no se harían esperar. Y así ha sido. En los países vecinos, muchas son las voces que se han alzado para pedir reformas legislativas que otorguen mayor libertad a los fumadores de cannabis. En Argentina, la reacción ha sido inmediata y son muchos los que claman por la despenalización total, incluso desde el Gobierno.
Las aguas están revueltas a ambos lados del Río de la Plata desde que el presidente de Uruguay, José Mujica, diera un paso al frente y lograra que el Parlamento de su país aprobase la legalización tanto del cultivo como del consumo de marihuana. La decisión ha provocado que los países fronterizos se vean obligados a mover ficha. Ahora la pelota está en el tejado de Argentina, que se debate entre seguir la senda de sus vecinos e intentar aprobar el consumo de marihuana, para tratar de contener el poder de los cárteles, o continuar por la vereda del inmovilismo.
Los primeros pasos ya se han dado. El secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, recurrió a unas palabras del legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar para ilustrar su postura a favor de la legalización de la marihuana. "Él decía que no hay posibilidades matemáticas de que la persecución policial le gane al narcotráfico, y es verdad. Es la lucha del gato contra el ratón", dijo 'el Loco' Berni, como han apodado en Argentina a este médico y militar reconvertido a político.
En un programa de radio, Berni reconoció que ya se habían producido los primeros contactos entre los países productores, como Paraguay, con los consumidores, véase el caso de Argentina o Brasil, en los que quedó claro que la lucha contra el narcotráfico no había dado sus frutos. Es por eso que tanto él como el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, han salido al paso para abogar por la senda que el pasado diciembre abrió Uruguay: la completa despenalización del consumo y la producción de cannabis.
Ya en 2012, la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, declaró inconstitucional el artículo de la ley que condenaba a aquellos que siembren o planten marihuana en casa o tengan en su poder semillas. Con esta medida, los magistrados eximían de responsabilidad a todos aquellos que tuvieran cannabis para consumo propio, ya que atentaba contra el artículo 19 de la Constitución argentina, que protege las acciones privadas de los ciudadanos.
Esta revisión de la ley de estupefacientes vino motivada por el conocido como Fallo Arriola. En febrero de 2009, la Cámara en lo Criminal y Correcional Federal dio el primer paso cuando despenalizó el cultivo y la posesión de cannabis para consumo propio. El alto tribunal absolvió a cinco jóvenes a los que la policía detuvo en posesión de cigarros de bajo contenido de marihuana.
El tribunal consideró que "la cantidad y las circunstancias que rodearon el hecho permiten afirmar que el cultivo o siembra de la marihuana encontrada era para consumo personal". Al mismo tiempo, declararon inconstitucional uno de los puntos de la ley que castigaba con penas de entre cuatro y quince años a quien consume de su propia cosecha. Algo que, aunque en la legislación aún no aparece contemplado, las autoridades argentinas están poniendo en práctica. No hay más que ver las estadísticas: el 60% de los 12.000 procesos judiciales que se estima son iniciados anualmente por posesión de marihuana son al final desestimados.
Y es que ya son ocho los proyectos que, desde 2010, han presentado diferentes personalidades políticas para acometer la reforma de la acutal ley de estupefacientes de Argentina, vigente desde 1989. La mayoría de ellos, que proponen reformas parciales, apuntan hacia una misma dirección y persiguen reducir el peso de la ley penal, sobre todo respecto a los usuarios. Tan solo uno, el presentado por Graciela Camaño, insta a una renovación a la inversa, es decir, aumentando las penas.
Por su parte, Aníbal Fernández presentó un proyecto de reforma integral con el firme propósito de que la actual legislación contemple, de una vez por todas, la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal. Este senador kirchnerista plantea esta reforma con el principal objetivo de atender la salud de los consumidores y, después, atacar al narcotráfico.
Mientras las autoridades se deciden a acometer los cambios que tanto la ciudadanía como los propios miembros del Gobierno reclaman, hay quienes ya han comenzado a explorar el mercado de la marihuana. A la espera de los futuros cambios legales, a mediados de 2013 ya eran 50 los establecimientos abiertos en toda Argentina que comercializaban los materiales necesarios para el cultivo de maría, veinte de ellos solo en Buenos Aires.
Otros prefieren cruzar la frontera y tratar de conseguir el cannabis en Uruguay. Una opción que tocará a su fin tan pronto como las farmacias del país empiecen a comercializar la marihuana y tan solo puedan adquirirla los residentes uruguayos inscritos en un registro determinado. Para eso faltan seis meses. ¿Habrán tomado para entonces cartas en el asunto el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?