La crisis económica pos-confinamiento puede ser la ocasión idónea para legalizar el cannabis en España, según expone en esta entrevista el economista Pau Teruel.
El prolongado confinamiento ha logrado detener la curva de propagación del Covid-19 pero también ha dejado moribunda la economía española. Miles de empresas se han visto obligadas a cerrar y cientos de miles de trabajadores han perdido su empleo.
Tal vez sea una ocasión de oro para dar un paso al frente y aclarar la situación legal del cannabis en España, que se encuentra varado en limbo entre la tolerancia social, la inseguridad jurídica y el comportamiento arbitrario de las fuerzas de seguridad hacia los clubes de cannabis, la parte más visible del enorme negocio que mueve la marihuana en nuestro país.
Un reciente informe de la Gestoría Teruel, con sede en Barcelona, realizada por encargo del gabinete de abogados DMT Advocats, pone de manifiesto el enorme potencial económico y de empleo que implicaría la regularización del cannabis: la legalización podría crear 50.000 puestos de trabajo directo (8.100 en Cataluña, 7.200 en Madrid y otros 2.300 en el País Vasco), además de aportar a las arcas del Estado no menos de 350 millones de euros anuales en concepto de IVA y otros 20 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
Nos ponemos al habla con Pau Teruel, autor del citado estudio. Su gestoría lleva más de diez años asesorando a cerca de cuarenta asociaciones y clubes cannábicos de Cataluña, hasta el punto de contar con un departamento dedicado exclusivamente a estas actividades.
Tal y como nos explica Pau por teléfono, «mucha gente que monta un club cannábico no puede llevar a cabo su actividad con normalidad, al no estar regulado el sector». Por ejemplo, «imagínate que una asociación no esté pagando el IVA y, al cabo de cinco años, Hacienda le investiga. Esto podría derivar en una causa penal, o, en todo caso, en la ruina para sus socios».
Uno de los problemas que suscita la actual indefinición legal del cannabis y sus derivados es que los clubes (algunos) cumplen con Hacienda para pagar su IVA pero no se desgravan sus gastos, «que suponen el 50% de la facturación. Si el gramo de marihuana se vende, digamos, a diez euros, cinco de ellos son gastos (cultivo, transporte, alquiler de inmuebles, luz, agua…), y muchas asociaciones no los están deduciendo por miedo a que la policía localice su plantación».
Estos gastos no deducidos integran la llamada economía sumergida, una bolsa económica «que debería aflorar, debería formar parte del PIB», según Teruel. El ‘Estudio Económico de las asociaciones cannábicas, desarrollo y perspectivas (2019-2020)’ incluye tres ejemplos del impacto que ha tenido la legalización de la marihuana en otros tantos territorios: California, Canadá e Israel.
En el caso de California, el próspero estado de EE.UU. que legalizó la marihuana en 2016, el cannabis y sus derivados generan unos ingresos anuales de entre 15.880 y 20.186 millones de dólares, lo que aporta entre 1.191 y 1.514 millones de dólares al estado en forma de impuestos al consumo, un impuesto que es del 7,5%, algo más de un tercio del 21% español.
Marihuana medicinal
El caso de Israel es, si cabe, más interesante porque aquel país se ha convertido en un referente mundial en la exportación de marihuana medicinal. Allí, explica Teruel, el gobierno no solo no reprime a las empresas productoras sino que incluso «ha invertido 43 millones de euros en star-ups de cannabis medicinal».
El modelo israelí podría ser perfectamente extrapolable a España, tanto por el clima privilegiado de nuestro país como por el innegable know-how que tiene la industria española del cannabis, referente en el continente europeo por delante incluso de la holandesa, tal y como señalaba el emprendedor Brais Nieto en una reciente entrevista.
¿Por qué entonces los políticos no mueven ficha? ¿por qué sigue el cannabis sumido en un limbo legal, al arbitrio de jueces y policías? Pau Teruel prefiere no meterse en política, así que desvía la pregunta a su colega abogado, Martí Cànaves, de DMT, a quien entrevistamos en La Mota la pasada semana: «Seguramente, la prohibición genera más negocio que la propia droga».