El pasado mes de diciembre, además de emitir una sentencia de amparo a cinco miembros de la asociación cannábica Ebers, el Tribunal Constitucional anuló la ley foral de Navarra que regula los colectivos de usuarios de cannabis en la comunidad. La plataforma Regulación Responsable está dispuesta a seguir con la batalla por un cambio legislativo y planea llevar el recurso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
2017 no ha tenido un cierre precisamente esperanzador para los usuarios de marihuana ni para el movimiento asociativo cannábico español. Los clubes sociales de cannabis han aumentado en número en nuestro país desde principios del presente siglo, sobre todo después de que la Audiencia Provincial de Vizcaya considerase legal su actividad en 2006. Esta postura sirvió de aliciente para que surgieran nuevas asociaciones por toda la geografía española, amparadas por la ambigüedad del Código Penal sobre el asunto y la permisividad con la que muchos juzgados y audiencias provinciales parecían mirar al consumo compartido.
Sin embargo, el pasado diciembre se asestó un duro golpe a estos colectivos. El día 19 de ese mes, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de amparo a cinco miembros de la asociación bilbaína Ebers, condenados anteriormente por el Tribunal Supremo. Aunque la decisión puede parecer una buena noticia, la realidad era un poco más amarga. El órgano judicial justificaba su postura alegando que se ha vulnerado el derecho a la defensa de los condenados, pero defiende que la interpretación del Supremo fue “correcta, previsible y proporcionada” y que el Código Penal es suficientemente claro sobre la ilegalidad de las asociaciones.
No obstante, el órgano no se ha pronunciado sobre la situación legal de los clubes ni especificado nada sobre los requisitos que deben cumplir para operar legalmente. Y eso a pesar de que, en la admisión a trámite del recurso de amparo, el alto tribunal señalaba que esta sentencia planteaba “una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica" y que representaba una oportunidad para "aclarar o cambiar su doctrina" tras un "proceso de reflexión interna".
Por si esta conducta evasiva no fuera suficiente, solo dos días después de emitir la resolución el Tribunal Constitucional anulaba la Ley 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. La Abogacía del Estado había presentado un recurso contra esta norma alegando que invadía las competencias estatales referidas a legislación sobre productos farmacéuticos, seguridad pública y legislación penal. Mientras, el Parlamento navarro defendía que la ley es constitucional, pues la comunidad tiene competencias en materia de asociaciones.
Tras estudiar el caso, el alto tribunal derogó la norma porque, asegura, invade la competencia estatal en materia de legislación penal al regular el "consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis", algo que entra de lleno en algunos artículos del Código Penal. Además, la sentencia señala que no puede aceptar una ley “cuya finalidad es, como se deduce de su propio título, proporcionar cobertura legal a comportamientos que el legislador penal considera delictivos”. Un argumento que también puede esgrimir para derogar las normas vascas y catalanas.
Así, si el Supremo se mantiene en su postura de considerar que los clubes de cannabis vulneran el Código Penal y el Constitucional corrobora su posición, ambos órganos habrían cerrado conjuntamente el debate democrático sobre la situación de los colectivos de consumo compartido. En esta coyuntura, el único órgano nacional que podría legislar sobre estas asociaciones sería el Congreso de los Diputados y, para ello, tendría que reformar el Código.
Una llamada de atención a Estrasburgo
En vista de los acontecimientos, la plataforma Regulación Responsable, de la que forman parte varias asociaciones y que aboga por un cambio legislativo, anunció su idea de continuar por todos los medios posibles la batalla jurídica y llevar el recurso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia). Según anunciaba el colectivo, lo hará una vez el Tribunal Supremo se posicione bien dando audiencia a los imputados bien absolviéndolos.
De llegar a Estrasburgo, la iniciativa constituiría, según apuntaba su portavoz Bernardo Soriano en rueda de prensa, el primer recurso sobre regulación del cannabis que se plantea a nivel europeo. El objetivo es instar al tribunal europeo a pronunciarse sobre la viabilidad y sobre los requisitos y obligaciones que deben cumplir los clubes de cannabis en España, con la esperanza de volver a plantear el asunto en nuestro país.
Soriano lamentó que el Tribunal Constitucional haya desaprovechado la oportunidad para establecer un criterio claro sobre estas cuestiones y, en lugar de ello, alimentara con su decisión la inseguridad jurídica y el desconocimiento en el que están sumidas las asociaciones de consumo colaborativo patrias.
En la Plataforma Regulación Responsable albergan esperanzas de que el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo dé sus frutos y sirva de “medida de presión” para cambiar las políticas sobre el uso de marihuana en España. Soriano ve difícil que las comunidades autónomas puedan regular materias como esta, que son en realidad competencia del Estado, y apuesta por fomentar el consenso político y conseguir un pacto a nivel estatal que conduzca, al fin, a una regulación integral del cannabis.
Más allá de la sentencia sobre la asociación Ebers, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse pronto sobre los recursos presentados por el Gobierno sobre otras dos asociaciones de cannabis, Three Monkeys y Pannagh. En el mes de marzo de 2015, las audiencias provinciales de Vizcaya y Barcelona absolvían, respectivamente, a cuatro integrantes del colectivo bilbaíno Pannagh y tres responsables de la asociación barcelonesa Three Monkeys. Ambos clubes tienen todavía una oportunidad para demostrar su inocencia durante 2018, aunque, como apuntaba Soriano, el desenlace pueda parecerse mucho a lo acontecido con Ebers.
La mancha negra en un panorama esperanzador
Las últimas decisiones tomadas por el alto tribunal contrastan con los avances conseguidos en materia de regulación y apoyo político por los movimientos cannábicos y los clubes durante los últimos años y, en especial, en 2017.
Las asociaciones de consumo colaborativo han madurado desde 2010 y han sido testigo de las iniciativas de los gobiernos catalanes, vasco y navarro para regular su actividad, cada vez más aceptada tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por otro lado, los datos anuales del Plan Nacional Sobre Drogas revelan que los ciudadanos se muestran cada vez más partidarios de la regulación del uso de la marihuana.
En verano del año pasado, la propia plataforma Regulación Responsable señalaba que “nunca habíamos estado tan cerca de una regulación” para el cannabis en España en un acto celebrado con motivo de la iniciativa ManiFiestaAcción. Al evento, cuyo objetivo era reclamar la legitimación del uso del cannabis, acudieron militantes de partidos como Ahora Madrid, Ciudadanos y Podemos.
La presencia de las principales políticas en el acto era una prueba más de que el cannabis había entrado de lleno en el debate político. Solo unos meses antes, el partido de Albert Rivera presentó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para regular el uso terapéutico del cannabis y la prescripción, cultivo y venta de marihuana medicinal. Una vez se estudió la iniciativa, apoyada por el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, se planteó la creación de una subcomisión para analizar la idoneidad de la posible normativa.
Tanto Esquerra Republicana de Cataluña, que ya había presentado su propia PNL en 2016, como Unidos Podemos recibieron la idea con los brazos abiertos, tanto que el grupo morado presentó una iniciativa similar sobre regulación integral del cannabis. Además, aunque las formaciones más conservadoras como PNV y el Partido Popular no se posicionaron a favor de la propuesta de Ciudadanos, tampoco lo hicieron en contra. El PSOE, incluso, anunció sus planes de redactar un documento para estudiar la regulación íntegra del consumo de cannabis con fines recreativos y medicinales.
A nivel autonómico, se han levantado voces políticas en pro de la regulación en comunidades como Andalucía, Madrid, Cantabria y Canarias, donde también se planteaba a mediados del año pasado la necesidad de tomar medidas para acabar con la inseguridad jurídica en la que se encuentran los usuarios y los clubes de cannabis. Aunque, como bien advertía Soriano, las normas establecidas por las comunidades no tienen incidencia a nivel nacional —ya que no tienen competencias para legalizar el uso de la marihuana—, sí tienen capacidad para regular parcialmente algunas actividades como el consumo terapéutico o la situación de los clubes de cannabis. O al menos parecían tenerlas antes de diciembre.
En España existen cientos de clubes cannábicos diseminados por todo el territorio, muchos de ellos concentrados en Cataluña. Según la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña, la ciudad condal alberga alrededor de 400, mientras que en el País Vasco y Madrid la cifra ronda el centenar. Su futuro puede verse influido tanto por la posición que adopte el Tribunal Supremo sobre los miembros de Ebers como por la postura que el Constitucional tome ante los recursos sobre Three Monkeys y Pannagh y las leyes vasca y catalana. Para conocer sus decisiones, lamentablemente, aún tendremos que esperar.
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